En el ámbito de las contrataciones y adquisiciones públicas en República Dominicana, uno de los pilares fundamentales que debe sustentar cualquier proceso es la debida diligencia. Pero, lamentablemente, esta obligación moral y jurídica parece haber sido olvidada en muchos casos. La falta de atención a la diligencia debida no sólo socava la transparencia y la integridad de los procesos de contratación pública, sino que también abre la puerta a la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
La debida diligencia implica realizar una investigación exhaustiva y cuidadosa sobre posibles proveedores o contratistas antes de proceder a la adjudicación de un contrato público. Esto incluye verificar la idoneidad, solvencia y reputación de las empresas involucradas, así como identificar posibles conflictos de intereses o irregularidades en su historial. Sin embargo, en muchos casos este proceso se lleva a cabo de forma superficial o incluso se ignora por completo.
Una razón de esta falta de diligencia debida puede ser la presión para cumplir plazos ajustados o la influencia indebida de grupos de intereses especiales. A veces, los gerentes de compras pueden verse tentados a favorecer a ciertos proveedores sin realizar una evaluación completa y objetiva de todas las opciones disponibles. Esto podría deberse a relaciones personales o políticas, o incluso a la promesa de beneficios futuros.
Otro factor que contribuye a este problema es la falta de supervisión y control efectivos sobre el proceso de contratación. A menudo, las organizaciones responsables de garantizar la transparencia y la legalidad de la contratación pública no cuentan con los recursos necesarios para ejercer un control adecuado. Como resultado, los casos de falta de debida diligencia pueden pasar desapercibidos o no ser tratados adecuadamente.
La falta de debida diligencia no sólo afecta la eficiencia y legitimidad del proceso de contratación pública sino que también tiene consecuencias negativas a largo plazo para el desarrollo del país. Cuando se adjudican contratos a empresas sin una evaluación adecuada, existe un alto riesgo de que no cumplan con los estándares de calidad necesarios o no cumplan con sus obligaciones contractuales. Esto puede dar lugar a proyectos mal ejecutados, retrasos importantes y, en última instancia, despilfarro de recursos públicos.
Además, la falta de diligencia debida crea un entorno favorable para la corrupción y el enriquecimiento ilegal. Cuando el proceso de contratación no es transparente y se basa en relaciones opacas, se abre la puerta a prácticas corruptas como el soborno, el nepotismo y el favoritismo. Esto socava la confianza de la gente en las instituciones públicas y desalienta la participación activa en la vida democrática del país.
Para resolver eficazmente este problema, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el proceso de contratación pública. Esto incluye implementar sistemas de control más estrictos, así como promover una cultura de integridad y transparencia en todas las agencias gubernamentales. Además, es necesario garantizar la independencia y objetividad de los organismos responsables de investigar y tratar los casos de irresponsabilidad.
Por último, la diligencia debida no es sólo una obligación moral sino también un requisito legal en el contexto de la contratación pública. Ignorar esta obligación no sólo es irresponsable sino que también tiene consecuencias graves y perjudiciales para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Es momento de recordar que la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas son valores fundamentales que deben guiar todas nuestras acciones en el ámbito de la administración pública.
