El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, calificó hoy como infame y falaz informe anual sobre el país del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual denuncia en el aspecto migratorio la supuesta expulsión masiva de haitianos y alegados apátridas de ascendencia de esa nación, con estatus legales en el territorio nacional.
En un encuentro con directivos, efectuado este miércoles en la sede de ese organismo patriótico, Gómez Ramírez dijo que “nueva vez ese informe vuelve a formular acusaciones infundadas contra nuestro país, y hace exigencias que los propios Estados Unidos se resisten a cumplir, porque ellos deportan a los haitianos a su país de origen, bajo métodos y prácticas muchas veces infrahumanas”.
El presidente del Instituto Duartiano apuntó que estas afirmaciones se apoyan en reportes interesados de activistas de un sector de la diáspora haitiana radicada aquí y de malos dominicanos que sirven a organismos internacionales y se abalanzan en contra de los intereses nacionales.
Consideró que es conducta indigna y reprochable que, en el caso de estos últimos, está sancionada en el artículo 76 del Código Penal que establece que toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga de acuerdo con Estados extranjeros, sus agentes o con cualquiera institución para hostilizar, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos.
Precisó que es inaceptable que una nación como la norteamericana, a la cual se le atribuye ser respetuosa de los principios que gobiernan las demás países, sea precisamente la que pretende desconocer el cardinal principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, que, en el caso dominicano, está expresamente protegido por el artículo 3 de su Constitución Política, el cual expresa que los poderes públicos no pueden permitir actos que constituyan una intervención en los temas internos de la República Dominicana.
Gómez Ramírez dijo que “contrario a las pretensiones del Departamento de Estado y otras instancias, incluyendo organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la República Dominicana le asiste el absoluto derecho que poner en práctica acciones enérgicas para hacer valer su ordenamiento legal, es especial la aplicación de las leyes migratorias, las cuales constituyen una expresión vigorosa orientada a proteger su soberanía”.
