Miami, Estados Unidos. – Un cuarto vuelo con migrantes venezolanos aterrizó en la base naval de la Bahía de Guantánamo, según fuentes oficiales estadounidenses. La nueva operación se produce en medio de una creciente controversia por la falta de transparencia de la Casa Blanca sobre los procedimientos y condiciones en que se detiene a los migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la medida, argumentando que los migrantes enviados a Guantánamo probablemente eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, las familias de los detenidos y los grupos de derechos humanos han rechazado estas afirmaciones y han condenado la detención de los migrantes. “La detención de migrantes en Guanatánamo sin acceso a abogados ni protección básica es una grave violación de sus derechos y un abuso escandaloso del poder gubernamental”, dijo Rebecca Wrightsi, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Bahía de Guanatánamo. Según EFE, al menos 100 venezolanos han sido trasladados a la base naval en los últimos meses.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos han presentado una demanda contra la Administración Trump, exigiendo mayor acceso a los migrantes detenidos y mayor transparencia en el proceso. “Al enviar a los inmigrantes a islas remotas, aislándolos de sus abogados y sus familias, la administración está violando el estado de derecho”, dijo Lee Gellant del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, apoyó la estrategia de la administración y criticó a los demandantes. «Si la ACLU está más interesada en inmigrantes criminales peligrosos que en ciudadanos estadounidenses, debería cambiar su nombre». La portavoz del DHS, Trisha McLaughlin, le dijo a NPR:
Durante décadas, la base naval de la Bahía de Guantánamo se ha utilizado para detener a inmigrantes caribeños capturados en el mar. Pero la imagen de Irán se ha visto empañada por su uso del centro de detención del Pentágono para retener a prisioneros vinculados a ataques terroristas, incluido Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto cerebro de los ataques del 11 de septiembre, y ha recibido críticas de grupos de derechos humanos que retuvieron a los prisioneros. Human Rights Watch advirtió que la práctica «viola los derechos humanos y puede constituir tortura».
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