Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
FÉNIX (AP) – La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó el viernes un proyecto de ley respaldado por los legisladores republicanos que tenía el propósito de apoyar la postura de la administración Trump en el tema migratorio al exigir que los funcionarios locales y estatales en Arizona colaborasen con los federales de inmigración.
Según la propuesta, los funcionarios locales y estatales no podrían prohibir ni restringir la cooperación en tareas federales de inmigración ni impedir el uso de bases de datos federales y fondos de subvenciones relacionados con tareas de inmigración.
También obligaría a cooperar con las órdenes de detención de inmigración, que son requerimientos del gobierno federal para retener a personas que ya están bajo custodia estatal hasta que las autoridades de inmigración puedan arrestarlas.
“Continuaré colaborando con el gobierno federal en una verdadera seguridad fronteriza, pero no deberíamos obligar a los funcionarios estatales y locales a marchar al ritmo que imponga Washington”, dijo Hobbs, demócrata, en su carta de veto.
Los que están a favor de la medida dicen que es necesaria para garantizar que las autoridades federales puedan hacerse cargo de los inmigrantes de manera segura y más fácil, en lugar de tener que rastrearlos después de que hayan sido liberados de las prisiones estatales o cárceles del condado.
Los opositores afirman que el estado debería dejar la aplicación de la inmigración al gobierno federal, y que la cooperación requerida en el proyecto de ley sería costosa para los gobiernos locales y perjudicaría la cooperación que la policía local obtiene de las personas en las comunidades inmigrantes.
También señalan que las leyes de inmigración aprobadas por la Legislatura de Arizona en el pasado han provocado problemas legales, como un fallo de 2013 contra la oficina del entonces alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, por sus operativos de tránsito enfocados en inmigrantes.
El presidente del Senado, Warren Petersen, republicano, dijo que su propuesta tiene como objetivo asegurar que Arizona sea un “socio y no un obstáculo” en lo que respecta a las tareas de inmigración del presidente Donald Trump.
Según el proyecto de ley, las prisiones estatales y las cárceles del condado estarían obligadas a firmar acuerdos con Washington para albergar temporalmente a personas con órdenes de detención federales. Las agencias locales estarían obligadas a cumplir con las órdenes de detención y a informar a los jueces que estén determinando la fianza cuando un individuo tiene una orden de detención migratoria.
El proyecto de ley también requeriría que el fiscal general de Arizona investigue las supuestas violaciones de las normas de cooperación y permita que el fiscal general entable demandas para obligar al cumplimiento por parte de una agencia. Los partidarios dicen que los ingresos compartidos por el estado con el gobierno local podrían retenerse hasta que se logre el cumplimiento.
La ley de inmigración de Arizona de 2010 también abordó el tema de la cooperación estatal y local con las autoridades federales de inmigración.
La ley prohíbe a los gobiernos estatales y locales limitar la aplicación de la ley de inmigración federal y permite a los residentes demandar por presuntas violaciones.
Los funcionarios estatales, los defensores de los derechos de los inmigrantes y una asociación que representa a los condados dicen que no tienen constancia de que se hayan presentado tales demandas en los casi 15 años desde que se promulgó la ley.
Hace poco más de un año, Hobbs vetó un proyecto de ley que habría convertido en delito estatal que los no ciudadanos ingresaran al estado desde México por cualquier lugar que no fuera un puerto de entrada. La Legislatura, de mayoría republicana, después eludió a la gobernadora y votó para someter a referéndum una medida similar en la boleta electoral de noviembre de 2024, que fue aprobada por los votantes.
Desde que Trump ganó un segundo mandato, Hobbs prometió colaborar con el gobierno federal en temas como combatir el tráfico de fentanilo, pero ha reconocido las preocupaciones que algunas familias sienten sobre las políticas migratorias.
En un choque con la Legislatura, Hobbs ha prometido vetar todos los proyectos de ley que se le envíen hasta que haya un compromiso sobre la financiación de una agencia estatal que brinda servicios para personas con discapacidades del desarrollo.
Los legisladores republicanos dicen que Hobbs ha gestionado mal los fondos de la agencia. Hobbs responde que los republicanos están aprovechando la crisis para una “guerra política”. Ha dicho que está dispuesta a vetar incluso proyectos de ley que apoya.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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