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Stephen Miller, asesor clave del presidente Donald Trump, explicó a la prensa que la Constitución autoriza la suspensión del habeas corpus “en situaciones de invasión”.
“Es una posibilidad que estamos evaluando seriamente y todo dependerá de si los tribunales actúan correctamente o no”, añadió.
El Gobierno de Trump ha recurrido a la justificación de una “invasión” de migrantes para avalar legalmente medidas como la militarización de la frontera con México o la expulsión de extranjeros -principalmente venezolanos- a la megacárcel del CECOT en El Salvador.
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Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han presentado demandas contra las políticas del Ejecutivo y, en numerosas ocasiones, los tribunales han fallado a su favor, obstaculizando los planes de Trump.
Las ONG han usado precisamente el habeas corpus como herramienta para frenar las expulsiones de más migrantes al CECOT y de varios universitarios señalados por su activismo pro-palestino.
Este principio legal solo se ha suspendido en cuatro ocasiones en la historia de EE.UU: durante la Guerra Civil y el periodo de Reconstrucción, en Filipinas bajo dominio estadounidense y en Hawái tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
La Administración republicana ha optado por estirar los límites del poder judicial, desobedeciendo las órdenes de dos jueces federales y lanzando una campaña en su contra.
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El caso de las expulsiones al CECOT ha sido uno de los más controversiales: el Gobierno se ha negado a acatar la solicitud del Supremo y de un tribunal inferior de “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante que fue enviado al país centroamericano a pesar de tener un estatus legal.
Miller, el principal artífice de las políticas antiinmigrantes del Gobierno, ha calificado a varios jueces federales de “activistas” y los ha acusado de urdir un “golpe de Estado judicial”.
