Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
EE.UU. rescata a los opositores venezolanos que llevaban un año refugiados en la embajada argentina de Caracas.
Hoy, 7 de mayo de 2025, Estados Unidos vuelve a colocar la cuestión migratoria en el centro del debate internacional, tras el último movimiento de la administración de Donald Trump.
El gobierno ha confirmado que planea deportar a un grupo de inmigrantes ilegales a Libia, siguiendo una línea dura, similar al acuerdo cerrado previamente con El Salvador y otros países centroamericanos.
La noticia, adelantada por The New York Times y recogida por diversos medios, ha provocado una ola de críticas y preocupación, tanto dentro como fuera del país.
La decisión del ejecutivo estadounidense supone un cambio radical en su política migratoria. El plan incluye utilizar aviones militares para trasladar a inmigrantes, en su mayoría con antecedentes penales, a países africanos como Libia y Ruanda. El objetivo declarado es doble: liberar plazas en centros de detención y enviar un mensaje disuasorio a quienes intentan cruzar la frontera sin papeles.
El secretario de Estado, Marco Rubio, mano derecha de Trump en materia de seguridad nacional, no ha dejado lugar a dudas: “Queremos enviarles a sus países a algunos de los seres humanos más despreciables. ¿Nos harían ese favor? Cuanto más lejos, mejor”, declaró esta semana ante el gabinete presidencial.
Este enfoque recuerda al acuerdo firmado hace unas semanas con El Salvador, donde Washington envió a más de 200 migrantes -algunos venezolanos- a una prisión salvadoreña, denunciada por organizaciones internacionales por posibles violaciones de derechos humanos. La Casa Blanca busca ahora formalizar un “acuerdo de tercer país seguro” con Libia, que permitiría expulsar allí tanto a solicitantes de asilo como a indocumentados detenidos en suelo estadounidense.
La legalidad de estos acuerdos sigue bajo intenso escrutinio. Si bien deportar a personas hacia un tercer país no es ilegal per se bajo la legislación estadounidense e internacional, los expertos advierten sobre la ausencia de garantías legales mínimas para los deportados. La administración Trump, amparada en la declaración del estado de emergencia migratoria firmada en enero, ha agilizado los procedimientos y limitado la capacidad de defensa legal para quienes enfrentan la expulsión.
Organizaciones pro derechos humanos alertan sobre el riesgo que supone enviar personas -en ocasiones solicitantes de asilo- a países inestables o inseguros como Libia. Este país atraviesa una profunda crisis política y humanitaria desde hace años, con milicias armadas activas y un historial documentado de abusos contra migrantes y refugiados.
La comunidad hispana, especialmente vulnerable ante las nuevas directrices, observa con preocupación cómo se recrudece la política migratoria. Estados Unidos deportó en 2024 a más de 270.000 personas, la cifra más alta en una década. Muchos hispanos indocumentados temen ser incluidos en futuras listas de deportación masiva.
En paralelo, algunos estados como California o Nueva York intentan proteger a sus residentes migrantes mediante leyes locales más favorables: acceso a servicios básicos, apoyo legal e iniciativas para evitar que las fuerzas locales colaboren con las autoridades federales migratorias. Sin embargo, estas medidas chocan con la presión creciente desde Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional ha ampliado el número de visados temporales H-2B para trabajadores no agrícolas -un respiro para parte del colectivo hispano- pero la incertidumbre domina el ambiente. Las recientes subidas en las tarifas migratorias y el endurecimiento generalizado dificultan aún más el proceso para regularizar la situación o acceder a protección humanitaria.
La táctica actual del gobierno estadounidense tiene precedentes recientes. En los últimos meses, se han sellado acuerdos similares con países como México, Costa Rica o Panamá para aceptar deportados que ni siquiera son ciudadanos propios. Esta política responde tanto al colapso del sistema migratorio estadounidense como al intento del Ejecutivo por evitar devoluciones directas cuando no existen acuerdos bilaterales con los países de origen.
Los analistas coinciden: “Trump está buscando el límite legal para reducir derechos y acelerar las deportaciones”, explica Ariel Ruiz Soto, del Migration Policy Institute. El estado de emergencia otorga poderes extraordinarios al presidente que han permitido cerrar casi por completo el acceso al asilo e incrementar la velocidad del proceso expulsivo.
El anuncio sobre Libia marca solo el inicio. La administración ya negocia ampliar este tipo de acuerdos con otros países africanos e insiste en endurecer aún más las condiciones legales para quienes buscan quedarse en Estados Unidos. La comunidad hispana -que representa el grueso de los indocumentados- teme una escalada aún mayor si se consolida esta tendencia.
Mientras tanto, continúan llegando noticias sobre detenciones masivas y redadas coordinadas en estados clave como Florida o Texas. La tensión social aumenta y los líderes comunitarios advierten sobre el impacto psicológico y económico entre las familias latinas.
La combinación entre deportaciones masivas, acuerdos polémicos con terceros países y endurecimiento burocrático dibuja un escenario restrictivo sin precedentes recientes. Solo el tiempo dirá si esta política logra sus objetivos o termina generando nuevas crisis humanitarias dentro y fuera del continente americano.
Agregar Comentario