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Mientras que por un lado el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, busca más recursos para expandir el cementerio de Cristo Redentor, desbordado por su capacidad, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, se ve limitado en ingresos para mejorar los salarios, inferiores a lo merecido por su personal, y lamenta no poder optimizar los servicios municipales debido a restricciones presupuestarias. Ambos muestran con orgullo su gestión, pero sus realidades reflejan una autonomía municipal debilitada a nivel nacional.
Una reducción presupuestaria establecida les impide recibir más del 2.9% anual de los ingresos fiscales, cuando por ley debería ser un 10%. Esto limita su capacidad de invertir en obras de gran impacto, centrándose en instalaciones modestas, más o menos funcionales, y la recogida de basura. Los funcionarios electos dependen de la discrecionalidad del poder ejecutivo, al que no necesariamente votaron sus electores, lo que se considera una forma de despojo.
Varios ayuntamientos, incluyendo los más grandes, se esfuerzan por mantener la higiene urbana sin crisis, y combatir la ocupación ilegal de espacios públicos, especialmente en la provincia de Santo Domingo.
Según declaraciones del ejecutivo municipal santiaguero Ulises Rodríguez en un almuerzo del Grupo Corripio, se enfocan en obras pequeñas y medianas, con recursos limitados, a pesar de la eficiencia. Reconoce la necesidad de aumentar salarios y contratar servicios de calidad.
El alcalde de la capital, Dío Astacio, ante la problemática vial, supeditado al Gobierno central para solucionar el caos vial, solicitando más estaciones de metro para las zonas que necesitan más atención del Palacio Nacional que de las salas capitulares.
LA MUTILACIÓN
La ley 176-07 no ha logrado fortalecer financieramente a los municipios, haciéndolos incapaces de enfrentarse a quienes evaden el pago de servicios, tanto a los ayuntamientos como a entidades como CAASD e INAPA.
Sin autonomía financiera, no hay verdadera autonomía: aunque pueden generar ingresos, la ley restringe sus esfuerzos recaudatorios, limitando la autoridad municipal frente al Estado y al presidencialismo.
La sobreexposición del poder y la autoridad nacional dejan a los municipios sin recursos para tomar decisiones importantes, comprometiendo el ordenamiento territorial, la planificación urbana y la gestión de suelo, además de la seguridad pública.
SIN ACUEDUCTOS
Los gobiernos del pasado suprimieron la descentralización, dando origen a INAPA y CAASD en busca de eficiencias que nunca llegaron.
La precariedad de los servicios básicos es la misma que existía hace décadas, y República Dominicana es uno de los países con menor tratamiento de aguas residuales.
Ambas entidades se sustentan con subsidios del Gobierno, que contrarrestan la incapacidad de cobrar por los servicios, lo que causa que más del 50% del agua se pierda, y menos del 30% de los clientes facturados, que además, son clientes industriales y residenciales, lo que provoca un endeudamiento público de inciertas consecuencias.
MONSTRUO CRECIDO
La salud pública se ve afectada por la falta de recursos que sufren los ayuntamientos, entes que necesitan higienizar su entorno. La autonomía financiera les permitiría limpiar y servir mejor a sus votantes.
El problema de la basura en República Dominicana es un desafío para las administraciones municipales: la recolección es deficiente, la infraestructura precaria y la eliminación inadecuada.
Muchos municipios carecen de recursos para la recolección y disposición final de residuos, lo que causa acumulación en espacios públicos y enfermedades. En Puerto Plata, los vertederos causan crisis, afectando al turismo.
El mecanismo legal que obliga al Gobierno a compartir ingresos con los ayuntamientos contradice la equidad constitucional. Las mismas leyes que establecen este reparto, describen las facultades de los cabildos, incluyendo:
“Crear normas y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental, construir infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales (?) , construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales, construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias; construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios”. Algunas cosas se cumplen, muchas no.
La ocupación ilegal de espacios públicos, en un país con alta informalidad, genera críticas por la falta de medidas municipales efectivas, especialmente en el Distrito Nacional, donde los operativos contra la ocupación son insuficientes.
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