Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Washington, D.C. — Un pirata informático conectado al Cártel de Sinaloa logró entrar en 2018 a registros telefónicos de un agente del FBI y utilizó el sistema de videovigilancia de Ciudad de México para rastrear e identificar a informantes confidenciales, algunos de los cuales fueron posteriormente asesinados, según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado este jueves.
El caso fue revelado en una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia, enfocada en evaluar los esfuerzos del FBI para mitigar el impacto de lo que denominan “vigilancia técnica ubicua”, una amenaza en aumento que incluye la expansión de sistemas de cámaras y la recopilación masiva de datos de comunicaciones y ubicación.
El informe explica que el hacker trabajaba para una célula del cártel liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y actualmente cumple cadena perpetua. El pirata informático consiguió identificar a un agregado legal asistente del FBI adscrito a la embajada estadounidense en Ciudad de México y, usando su número telefónico, accedió a información delicada:
Después, el hacker empleó el sistema de videovigilancia urbana de la capital mexicana para seguir los movimientos del agente estadounidense e identificar a las personas con las que se encontraba.
“El cártel empleó esa información para intimidar y, en algunos casos, asesinar a potenciales fuentes o testigos colaboradores”, revela el documento oficial.
Este caso destapa una preocupante vulnerabilidad en el sistema de seguridad que resguarda a los informantes y al personal diplomático en países con alta actividad del crimen organizado. El informe subraya cómo el acceso a tecnologías disponibles en el ámbito comercial y gubernamental — como cámaras de seguridad públicas y datos de telecomunicaciones — puede ser aprovechado por actores criminales para fines mortales.
La auditoría no identifica al hacker, ni al funcionario afectado, ni a las víctimas de los presuntos homicidios. No obstante, sienta un precedente alarmante sobre los riesgos de operar en entornos con “vigilancia técnica ubicua”, especialmente para agencias que dependen de fuentes humanas confidenciales.
Ni el FBI, ni el Departamento de Justicia, ni la Embajada de Estados Unidos en México han emitido comentarios públicos sobre los hallazgos. Las preguntas dirigidas al Departamento de Estado fueron remitidas sin respuesta oficial. Tampoco hubo pronunciamiento del equipo legal de “El Chapo” Guzmán.
Este episodio pone en duda la seguridad de los canales diplomáticos y operativos en países donde la corrupción, la violencia organizada y la tecnología pueden entrelazarse en perjuicio de las labores de inteligencia y justicia.
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