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Miami. — La madrugada del 21 de enero marcó el comienzo de una época de persecución descarada. Apenas 24 horas después de haber jurado por segunda vez como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14098, llamada “Restauración del Orden Interno y la Soberanía Nacional”. Ese documento no solo reactivó la maquinaria migratoria federal, sino que expandió su alcance; más agentes, más recursos, más objetivos. Pero no solo arrancó la mayor campaña de redadas migratorias desde los años 50, sino que los discursos y políticas de la era Trump han desatado el odio racial y el auge de grupos supremacistas.
El gobierno de Trump justifica las redadas violentas argumentando que “debemos recuperar nuestras calles, nuestras escuelas, nuestras iglesias. Si eso implica sacar a algunos criminales disfrazados de refugiados, lo haremos”.
“El lenguaje empleado por Donald Trump en sus discursos y sus políticas han legitimado el odio racial”, sostiene la socióloga Cecilia Castañeda. “Este tipo de frases las interpretan los supremacistas como una señal de respaldo a su causa”, sentencia. La administración Trump, dice, “inicia con un marcado incremento en la actividad de grupos extremistas, el resurgimiento de organizaciones supremacistas blancas y un crecimiento alarmante en los crímenes de odio contra minorías raciales, en particular la comunidad hispana”.
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Los hechos le dan la razón. El 17 de abril, en Columbus, Ohio, un grupo de neonazis marchó por el barrio de Short North ondeando banderas con esvásticas y gritando insultos racistas y antisemitas. El Ku Klux Klan (KKK, por sus siglas en inglés) ha aumentado su número de miembros en 25% desde la reelección de Trump, según el Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés). “Lo que estamos viendo es un resurgimiento del Klan bajo una nueva narrativa de nacionalismo blanco que ha sido legitimada desde la Casa Blanca”, explica el investigador Mark Potok. Células activas han sido detectadas en estados como Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri y Tennessee.
Los Proud Boys, grupo que cuenta entre sus filas a muchos de los indultados por Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, han intensificado su actividad. Marchan con pancartas que dicen “Hate is Great Again” (el Odio es Grande de Nuevo) y lideran protestas contra la inclusión de temáticas raciales en escuelas públicas y contra la contratación de personal latino en universidades y corporaciones.
El movimiento Alt-right ha afianzado su presencia en redes sociales como Gab y Telegram. La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) documentó un aumento del 70% en publicaciones de contenido xenófobo entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. En esos foros se repite la teoría de la “gran sustitución”, que sostiene que los migrantes reemplazan a la población blanca y culpa a los hispanos del deterioro económico nacional.
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Las milicias antigubernamentales también se han fortalecido. Los Oath Keepers y los Three Percenters, conocidos por su arsenal y entrenamiento paramilitar, han reclutado a cientos de exmilitares y policías. QAnon, que nació como una teoría de conspiración, se ha transformado en una red de radicalización violenta. En febrero de 2025, un hombre fue arrestado en Florida tras intentar incendiar un refugio para migrantes. Aseguró estar combatiendo “una red criminal promovida por los demócratas”.
La violencia también ha alcanzado a latinos que son ciudadanos estadounidenses. En diciembre, en Nueva York, una madre ecuatoriana y su hija fueron insultadas por hablar español en el Metro. “¡Hablen inglés o regresen a su país. Afortunadamente Trump nos está librando de ustedes!”, les gritó una mujer identificada como empleada de una empresa de seguridad. En Arizona, un cocinero fue despedido por hablar español en la cocina: “Nos dijeron que ahora en EU se habla inglés. Nos trataron como si fuéramos invasores”, denunció en redes. En Texas, un estudiante nacido en Dallas fue humillado por llevar una Bandera de México a la escuela: “Me dijeron que pronto todos los de mi color íbamos a ser deportados”.
Ante este clima de hostilidad, ha surgido una resistencia organizada. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha interpuesto más de 70 demandas contra el gobierno de Trump por violaciones de derechos humanos. El Southern Poverty Law Center (SPLC) mantiene una red de monitoreo ciudadano en 15 estados. La Liga Antidifamación (ADL) ha colaborado con empresas tecnológicas para eliminar más de 100 mil publicaciones de odio. El Consejo Nacional de La Raza (NCLR) ha desplegado campañas de asesoría legal gratuita y movilización comunitaria.
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La socióloga Castañeda advierte que resistir es ya una obligación cívica: “Una lucha contra la discriminación no solo depende de las leyes, sino de la capacidad de la sociedad para resistir y oponerse activamente y civilizadamente a estas fuerzas”, afirma.
