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NASHVILLE.- El Hospital General de Nashville negó haber aceptado cooperar en el procedimiento para inhabilitar el desfibrilador cardíaco de Byron Black, condenado a muerte, cuya ejecución está prevista para el 5 de agosto en Tennessee.
La polémica estalló luego de que un juez de Nashville ordenara la desactivación del aparato médico previo a la inyección letal, respaldando un argumento de los abogados de Black: el desfibrilador podría administrar descargas repetidas al tratar de restablecer el ritmo cardíaco durante la ejecución, lo que — según su defensa — causaría un sufrimiento innecesario.
No obstante, el hospital aseguró que nunca aceptó participar, contradiciendo declaraciones previas de funcionarios estatales que mencionaban su colaboración, según The Associated Press.
En un comunicado, la portavoz del hospital, Cathy Poole, puntualizó:
“Los informes anteriores sobre la participación del Hospital General de Nashville son inexactos. Ni el departamento de correccionales ni su proveedor médico contactaron a las autoridades competentes del hospital para esta solicitud. Cualquier afirmación sobre nuestra colaboración fue prematura”.
Poole agregó que el contrato del hospital con el estado solo cubre atención médica habitual para reclusos, no procedimientos relacionados con ejecuciones. Asimismo, señaló que otras entidades requeridas para el proceso también se negaron a colaborar.
Mientras tanto, el estado de Tennessee apeló la orden judicial, argumentando que el juez no tenía autoridad para exigir la desactivación del dispositivo y que trasladar a Black al hospital el día de la ejecución representaría un riesgo de seguridad.
Kelley Henry, abogada de Black, acusó al estado de mala administración y solicitó al gobernador Bill Lee que otorgue un indulto.
La Corte Suprema de Tennessee evalúa la apelación del estado para revocar la orden de desactivar el desfibrilador. En paralelo, activistas contra la pena de muerte, como Dan Mann, han instado al alcalde de Nashville a evitar que el hospital se involucre en el proceso.
Con la ejecución a pocos días de distancia, la situación persiste en un compás de espera legal y ético, planteando interrogantes sobre los límites de la medicina en el sistema de justicia penal.
