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Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) alertó ayer que el proyecto de modificación a la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, suscita inquietudes en cuanto al impacto sobre el marco institucional, el desarrollo sostenible y la equidad en el acceso y provisión de los servicios de gestión de residuos.
El jurista aseveró en un documento que la propuesta pondría en riesgo los progresos logrados en sostenibilidad ambiental y perjudicaría la equidad económica, la participación plural y la gobernanza democrática.
Desde su punto de vista, la normativa podría favorecer una concentración indebida del mercado, limitando la competencia leal y restringiendo la incorporación de actores fundamentales como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), gestores comunitarios y empresas independientes que ya operan bajo estándares reconocidos de sostenibilidad.
Castaños Guzmán añadió, además, que podría vulnerarse el principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 50 de la Constitución.
De igual manera, indicó que genera preocupación el esquema centralizado de valorización de residuos, ya que podría convertirse en una barrera normativa para iniciativas descentralizadas e innovadoras, en particular en sectores como el hotelero y turístico.
La falta de armonización del nuevo sistema de contribuciones económicas propuesto podría traducirse en una carga fiscal desproporcionada, afectando la viabilidad operativa de sectores clave y fomentando la informalidad, puntualizó.
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