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El suceso ocurrió en el Centro de Cirugía Avanzada de Ontario, donde Guillen-Soliz, de 30 años, se refugió después de ser sorprendido por agentes de ICE mientras trabajaba cerca del lugar junto a dos compañeros. Uno logró escapar, y el otro, ciudadano estadounidense, no fue arrestado.
Un video que circula en redes sociales muestra a empleados del centro médico intentando evitar el arresto, denunciando que los agentes entraron sin permiso a una propiedad privada y sin presentar una orden judicial.
En las imágenes se ve a Guillen-Soliz resistiéndose, agarrado al marco de una puerta mientras los agentes lo sacan a la fuerza.
Yazmin Mercado, abogada de la organización Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ), cuestionó la legalidad del operativo: “No deben entrar a lugares privados sin una orden judicial. Eso es una violación de derechos”. La jurista también expresó su preocupación por la falta de identificación oficial de los agentes: “Cualquiera puede comprar un chaleco que diga ICE en Amazon”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la operación a través de la red social X, asegurando que fue una intervención dirigida contra dos personas en situación migratoria irregular, y que los agentes estaban identificados con chalecos antibalas.
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También alegaron que personal médico “agredió” a los oficiales y que se presentó una denuncia falsa de secuestro.
Guillen-Soliz fue trasladado al centro de detención de Adelanto, en el sur de California. Su familia, que ha sufrido la pérdida de dos hermanos en un accidente reciente, afirma que Dennis emigró con la esperanza de ayudar económicamente a su madre, enferma de diálisis y diabetes en Honduras.
Organizaciones civiles alertan sobre el precedente que este tipo de operativos puede establecer. “La comunidad tiene miedo, sienten que están secuestrando a la gente”, dijo Mercado, quien aseguró que se están evaluando acciones legales para evitar su deportación.
La familia ha abierto una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los 10,000 dólares en gastos legales, de los cuales apenas han conseguido el 28%.
Este caso revive críticas hacia ICE por operativos similares ocurridos durante la administración de Donald Trump, cuando agentes se negaban a identificarse, generando cuestionamientos éticos y legales por parte de grupos defensores de migrantes.
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