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Los ataques han sido objeto de condena en la región y su legalidad es puesta en entredicho por los expertos. Estados Unidos los define como una guerra contra el narcotráfico
Desde hace dos meses, la Armada estadounidense ha estado concentrando una considerable fuerza de buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, marines, drones y aviones espía en la zona.
Bombarderos de gran alcance del tipo B-52 llevaron a cabo “demostraciones de ataque con bombarderos” frente a las costas de Venezuela.
Estos ataques han suscitado la condena regional y varios expertos ponen en duda su base legal. Si bien Estados Unidos los vende como una ofensiva contra el narcotráfico, hay voces que los interpretan como una campaña de amedrentamiento cuyo objetivo real es la destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Lo que se busca es un cambio de régimen. Es poco probable que haya una invasión: la expectativa es que esta sea solo una advertencia”, argumenta Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en el think tank Chatham House.
Según Sabatini, este incremento de la presencia militar constituye una muestra de fuerza ideada para “infundir terror” en las filas del ejército venezolano y en el círculo íntimo de Maduro, incitándolos a levantarse en su contra.
BBC Verify se ha dedicado a rastrear la información de seguimiento disponible públicamente sobre las embarcaciones y aeronaves estadounidenses en la zona, complementándola con imágenes satelitales y contenido de redes sociales, con el fin de dibujar un mapa de la ubicación de las fuerzas de Trump.
Este despliegue es dinámico, por lo que el monitoreo de la región continúa de forma constante para obtener actualizaciones.
Hasta el 23 de octubre, se habían identificado 10 embarcaciones militares estadounidenses en la región, incluyendo destructores equipados con misiles, buques de asalto anfibio y naves cisterna para el reabastecimiento en alta mar.
No es un secreto que la Administración estadounidense, en particular el secretario de Estado, Marco Rubio, aspira a la caída de Maduro.
A comienzos de este año, Rubio catalogó a Maduro en Fox News como un “dictador espantoso” y, al ser consultado sobre si pretendía su remoción del gobierno venezolano, sentenció: “Vamos a trabajar en ello”.
Sin embargo, incluso para críticos acérrimos de Maduro como Rubio, resulta complicado pedir abiertamente la sustitución del gobierno con el apoyo del ejército.
La oposición venezolana ha instado repetidamente a las Fuerzas Armadas a tomar distancia de Nicolás Maduro.
En 2016, Donald Trump hizo campaña en contra de la idea de promover un cambio de gobierno en Venezuela. En aquel momento, se comprometió a “dejar de buscar el derrocamiento de regímenes extranjeros”. Más recientemente, ha expresado su rechazo a participar en “guerras que nunca terminan”.
A pesar de dichos planteamientos, las relaciones entre ambos países han estado marcadas por varios episodios de tensión.
Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Caracas cerró durante el primer mandato de Trump en 2019.
Además, tras las más recientes elecciones generales de julio de 2024, Estados Unidos no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela.
Dichos comicios fueron ampliamente cuestionados a nivel internacional y por la oposición interna, al no ser considerados ni libres ni transparentes.
Aunque el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro vencedor, hasta la fecha no se ha hecho pública la documentación que respalda dicho resultado.
Estados Unidos ha elevado la recompensa a US$50 millones por información que facilite la captura de Maduro, buscando incentivar a miembros de su círculo más íntimo y leal para que lo entreguen. No obstante, esta medida no ha provocado deserciones.
José Ignacio Hernández, profesor venezolano de Derecho y asociado sénior del centro de estudios de seguridad nacional CSIS, opina que US$50 millones son “insignificantes” para las élites venezolanas.
En un país rico en petróleo como Venezuela, las oportunidades de ganancias ilícitas son abundantes.
A modo de ilustración, el exdirector del Tesoro, Alejandro Andrade, amasó US$1.000 millones en sobornos antes de ser sentenciado en Estados Unidos por blanqueo de dinero.
La mayoría de los analistas coincide en que el ejército venezolano sería crucial para cualquier transición de poder, pero señalan que, para traicionar y deponer a Maduro, probablemente exigirían garantías de inmunidad judicial.
“Pueden considerar que, de una forma u otra, también están inmersos en actividades delictivas”, añade Hernández.
Michael Albertus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago y prolífico autor sobre América Latina, duda que incluso una recompensa de US$500 millones lograra convencer al círculo cercano de Maduro de entregarlo.
“Los líderes autoritarios desconfían constantemente hasta de sus colaboradores más próximos, y por eso implementan mecanismos para vigilarlos y asegurar su lealtad”, explica.
Las medidas coercitivas económicas impuestas a Venezuela han exacerbado la ya crítica coyuntura económica y social, sin conseguir el objetivo de que figuras de alto rango se rebelen contra el presidente.
Donald Trump ha justificado el movimiento de personal militar en la región como parte de su declarada guerra a los narcotraficantes, asegurando que uno de los barcos atacados por Estados Unidos el 16 de octubre “llevaba principalmente fentanilo”.
Sin embargo, el fentanilo se fabrica primordialmente en México, no en Sudamérica, y su entrada a Estados Unidos se produce por la frontera sur.
“El tema no es la droga. Lo que ha hecho es adoptar el relato de la oposición venezolana, que sostiene que este no es solo un régimen dictatorial, sino una organización criminal”, puntualiza Sabatini.
Desde 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de narcotráfico y narcoterrorismo conocida como el Cártel de los Soles, una imputación negada por el líder venezolano.
Venezuela no es un gran productor de cocaína, que procede mayoritariamente de Colombia, Perú y Bolivia. Si bien una parte de la cocaína se trafica a través de Venezuela, el propio gobierno afirma estar combatiendo activamente este tráfico.
Un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos de 2025 afirma que el 84% de la cocaína incautada en el país proviene de Colombia, mencionando otros países, pero no a Venezuela.
Las siete primeras incursiones de las fuerzas estadounidenses se efectuaron en el Caribe, una ruta marítima de tráfico de drogas menos relevante que el océano Pacífico, donde se produjeron las operaciones subsiguientes.
Estados Unidos ha evitado detallar las pruebas que sustentan la acusación contra Maduro como líder de una red de narcotráfico. Maduro ha desmentido reiteradamente estas acusaciones y, a su vez, acusa a Estados Unidos de imperialismo y de agravar la crisis económica del país con sus sanciones.
Se han documentado casos de personas allegadas a Maduro que han sido objeto de acusación.
En 2016, un tribunal federal de Nueva York sentenció a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, a 18 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.
El sumario de la causa indicaba que planeaban destinar parte del dinero a financiar la campaña política de Cilia Flores. Posteriormente, fueron liberados en un intercambio por siete ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela.
Para los expertos militares, la interceptación de estupefacientes en el mar no necesita una movilización de fuerzas tan vasta como la que Estados Unidos tiene en la actualidad.
Además de las naves estadounidenses que la BBC pudo rastrear cerca de Puerto Rico, donde Estados Unidos tiene una base militar, las imágenes de satélite también revelaron dos embarcaciones a unas 75 millas (123 km) al este de Trinidad y Tobago.
Una de ellas era el crucero lanzamisiles USS Lake Erie.
La otra, según Bradley Martin, excapitán de la Marina de Estados Unidos y actual investigador sénior de políticas en RAND Corp, parecía ser el MV Ocean Trader.
Este es un carguero transformado, diseñado para apoyar misiones de fuerzas especiales que operan en paralelo al tráfico comercial. Tiene capacidad para albergar drones, helicópteros y lanchas de pequeño porte.
Podría servir para una gran diversidad de misiones, desde el reconocimiento hasta la preparación de asaltos. Sin embargo, Martin enfatiza que su presencia “no implica necesariamente que dichas actividades estén en curso o hayan sido planeadas”.
Adicionalmente, Estados Unidos ha reforzado su componente aéreo en la región: BBC Verify ha identificado diversas aeronaves militares estadounidenses en Puerto Rico.
Stu Ray, analista sénior en McKenzie Intelligence Services, asegura que una fotografía satélite del 17 de octubre muestra aviones de combate F-35 en la pista, posiblemente del modelo F-35B.
Se trata de aeronaves furtivas muy avanzadas, valoradas por su capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical.
En plataformas sociales, un piloto de aviones privados compartió un vídeo de un dron MQ-9 Reaper, grabado en el aeropuerto Rafael Hernández de Puerto Rico.
Estados Unidos ha empleado estos drones para llevar a cabo ataques y misiones de vigilancia en lugares como Afganistán, Siria, Libia y Mali.
A principios de octubre, BBC Verify siguió el rastro de tres bombarderos B-52 que sobrevolaron el Caribe, llegando a proximidad de la costa venezolana.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos corroboró posteriormente que estas naves participaron en una “demostración de ataque con bombarderos”.
Asimismo, se han observado vuelos de bombarderos B1 y aviones espía P-8 Poseidón en sistemas de seguimiento de aeronaves.
Imágenes difundidas en redes sociales también muestran helicópteros militares operando cerca de las costas de Trinidad y Tobago.
Algunos de ellos son Boeing MH-6M Little Birds, apodados “Killer Eggs” (“huevos asesinos”), utilizados por las fuerzas especiales estadounidenses.
Al preguntársele si la CIA
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