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La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) enfrenta una fuerte oposición de médicos, clínicas privadas y proveedores de servicios que buscan eludir las normas y realizar cobros indebidos a los pacientes, denunció este miércoles su director, Elías Báez.
Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Medios Corripio, Báez advirtió que las trabas impuestas por los prestadores, sumadas a las limitaciones presupuestarias de la institución, dificultan garantizar la defensa efectiva de los derechos de los afiliados al sistema.
“La mayor resistencia la hemos tenido con los proveedores de salud. Los médicos dicen que estamos mintiendo, que decimos cosas que no son ciertas, y se niegan a entregar pacientes o cadáveres cuando llamamos. Incluso, en los primeros casos nos decían: ‘Aquí no hay, llévelo con un fiscal si quieres'”, relató.
Báez señaló que la DIDA opera con un presupuesto mínimo, equivalente al 0.05 por ciento de los fondos del seguro de vejez, insuficiente para cubrir una defensa a nivel nacional.
“Tenemos déficit de personal, déficit de vehículos, y oficinas inadecuadas. De 32 provincias, solo hemos podido cubrir 16 con los recursos disponibles”, explicó, denunciando además que la sede central funciona en espacios reducidos mientras las entidades administradoras de fondos tienen edificios “que les sobra espacio”.
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“El sector salud es donde estamos presentando la mayoría de las quejas en estos momentos, con más de un 30 por ciento solamente en temas de cobertura y cobros indebidos”, explicó.
Indicó que, de más de 25 mil solicitudes de afiliados, unas ocho mil corresponden a quejas de salud y más de 4 mil están relacionadas a temas de pensiones; el resto con asuntos vinculados al traspaso al sistema de reparto para servidores públicos.
Mientras que Báez citó como ejemplo: “El catálogo dice que te reparan la rodilla, pero si te la rompiste en un accidente en un motor o en un caballo, te dicen que no. Eso es lo que la gente viene a reclamarnos. También hay médicos cobrando ayudantes o procedimientos fuera de factura, prestadores cobrando más del 20 por ciento permitido, y clínicas reteniendo pacientes o cadáveres por deudas”.
En materia de pensiones, citó obstáculos para los traspasos de fondos entre regímenes, falta de información clara y dificultades para reclamar fondos acumulados, pese a ser derechos adquiridos por los trabajadores.
Abusos
El titular de la DIDA alertó sobre prácticas irregulares como diagnósticos médicos falsos o exagerados para facturar más a las ARS, inflar procedimientos y cobrar por materiales de mala calidad o innecesarios.
“El paciente termina preguntándose si será verdad lo que le dice su médico, porque muchos son socios de laboratorios o casas comerciales que fabrican esos materiales y reciben comisión por venderlos. Eso es criminal”, dijo Báez, exhortando a los pacientes a buscar siempre una segunda opinión.
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Señaló además la retención de documentos de recién nacidos, de pacientes y hasta de cadáveres por parte de clínicas privadas como una de las formas más graves de violación de derechos que la DIDA ha tenido que enfrentar.
Seis meses de gestión
En sus primeros seis meses al frente de la institución, Báez destacó la puesta en marcha de un servicio de defensoría 24/7, con un centro de llamadas y supervisores nacionales para asistir a los afiliados en cualquier momento.
Gracias a estas medidas y al convenio con la Comisión de Derechos Humanos para fiscalizar malas prácticas, la DIDA ha atendido más de 25,000 casos y logrado evitar cobros indebidos por más de 40 millones de pesos a los afiliados.
“Hemos hecho un trabajo encomiable, la gente siente que la DIDA tiene razón de ser. Solo en estos seis meses le hemos ahorrado más de 40 millones a los afiliados y seguimos atendiendo sus denuncias”, concluyó.
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