El autor es Abogado y dirigente sindical choferil.
Independientemente de la buena intención que tiene el Presidente Luis Abinader, lo cual le consta a la población dominicana, que apoya su gestión con una aprobación en aumento, se percibe que el Ministerio de Industria y Comercio no está planteando políticas de orden público que llenen las espectativas de los dominicanos en tan influyente y delicado tema, como es el de la política de control de precios, tanto de los productos de la cadena alimenticia, como de los combustibles y demás derivados del Petróleo, para que podamos lograr un equilibrio económico que le permita a la ciudadanía más pobre sobrevivir a esta crisis de una forma humanamente posible.
El Ministro de Industria y Comercio se ha mantenido enfocado en programas de creación de empleos y en proyectos que ya estaban iniciados, como una forma de dar la impresión de que los mismos han sido canalizados o iniciados por su gestión, pero la realidad es que el impacto de su gestión no se destaca positivamente, muy por el contrario, existe hacia ella un descontento generalizado en la población y en el consumidor, principalmente debido a la importancia del tema de los aumentos sucesivos en los precios de los combustibles y demás derivados del petróleo.
Independientemente de que la población entiende que en la actual coyuntura de crisis, el gobierno tiene la imperiosa necesidad de que las recaudaciones estimadas continúen su curso normal, no existe una regulación eficiente con el manejo de los precios de los combustibles que permita que las clases más necesitadas no sean afectadas de la forma en que lo están siendo todas las semanas tras los anuncios de variaciones de precios, principalmente de Gas Licuado del Petróleo y del Gasoil Regular que emite todos los viernes el Ministerio de Industria Comercio y Mypimes.
Para nadie es un secreto que el Gobierno ha mantenido los subsidios a los combustibles que utilizan las empresas más ricas de nuestro país, olvidando que otros sectores, como el del transporte de pasajeros y de cargas, requieren y reclaman un trato igualitario en ese sentido, situación que a nuestro juicio no tiene ninguna razón de ser, ya que esas empresas multimillonarias obtienen beneficios por miles de millones de dólares, y en la actual crisis pandémica han aumentado inclusive sus pingües beneficios, mediante la comercialización de productos fabricados para la exportación y para la venta en el mercado nacional, y sectores como el de transporte en la actual crisis han sido sumergidos a un estado de quiebra inminente, además de que no existe ningún tipo de regulación ni fiscalización a esos subsidios.
En otro orden, la situación ha dado origen a una especulación sin sanción, que no tiene precedentes en nuestro país. Es preocupante, y el MICP se mantiene de brazos cruzados, sin dar respuesta en casi un mes completo a las razones que han sacado prácticamente del aire al Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), tras la renuncia de su incumbente el pasado 30 de diciembre.
Sin embargo, el mayor descontento en ese sentido está en quienes asumen directamente el aumento de los costos y precios de los combustibles, que son las amas de casas y el sector Transporte de pasajeros y de cargas de nuestro país.
Esperamos se busque una solución a esta situación, para que la población obtenga un respiro económico justo, por el cual tantos reclamos y tantas voces han sido elevadas.
Lic. José N. Diaz (Mario Diaz).
