(BBC MUNDO)-Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada».
Daniela* vive en el norte de Chile hace casi un año. Ingresó al país sudamericano por un paso irregular, en la frontera con Perú, luego de caminar tres días por el desierto, consumiendo solo agua y pan.
Al llegar a la ciudad de Arica, continuó su viaje de más de 700 kilómetros arriba de una mula para arribar a su destino final: la pequeña localidad El Loa, ubicada en la región de Antofagasta.
Iba en búsqueda de oportunidades y las encontró: consiguió un trabajo como tapicera y, con el dinero que logra reunir mantiene a sus dos hijos —de 6 y 9 años— que permanecen en Venezuela al cuidado de su madre.
Pero el 28 de abril recién pasado, su plan se truncó luego de que recibió una orden de expulsión. Ahora, afirma, vive asustada.
No he conseguido ayuda, ningún abogado me da respuestas. Y en cualquier momento me pueden tomar detenida y expulsar», le dice a BBC Mundo.
«Es muy triste y doloroso estar en esta situación. Yo soy el sustento de mi familia y quiero traerlos a todos para acá porque es la única posibilidad de darles un mejor futuro a mis hijos, que tengan educación y libertad de expresión; lo que está pasando en mi país es una locura», añade.
Hay miles de migrantes en Chile que están enfrentando una situación similar a la de Daniela.
La nueva ley de migraciones que comenzó a regir el 20 de abril solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Sebastián Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia de coronavirus.
En cambio, quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción
«No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes», dijo el presidente Piñera, al promulgar la ley.
«Quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión», agregó.
Tras casi ocho años de tramitación en el Parlamento chileno, esta nueva legislación surge en medio del fuerte aumento del flujo migratorio que el país sudamericano ha experimentado en los últimos 10 años.
Los extranjeros aumentaron de 305 mil en 2010 (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena) a casi 1.500.000 personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile.
Esto se explica en parte por el incremento explosivo de las migraciones venezolana (pasando de una comunidad de 8 mil en 2012 a 500 mil en 2020) y haitiana (que aumentó de apenas 1.600 personas en 2012 a más de 185 mil en
Estimaciones del INE, señalan que hoy los venezolanos son el grupo más grande en Chile (30,5%), seguido de peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).
La nueva ola migratoria ha significado un fuerte desafío para esta nación, donde se han tenido que adoptar medidas a contrarreloj para intentar adecuar sus políticas de integración hacia los migrantes.
También ha habido importantes cambios sociales: ciertos municipios, incluso, han terminado cambiando su perfil demográfico debido a la gran concentración de extranjeros, como Santiago Centro o Independencia, donde uno de cada tres residentes no es de origen chileno.
«Frente al aumento de los flujos migratorios, resultaba urgente modernizar la ley que teníamos y que estaba absolutamente obsoleta», le explica a BBC Mundo la abogada Pilar Hazbun, coordinadora del área legislativa del centro de estudios Libertad y Desarrollo, del cual varios de sus investigadores han colaborado con partidos de centroderecha y el gobierno de Piñera.
«Esta nueva legislación tiene un enfoque integral y comprende un equilibrio entre reconocer los derechos y deberes de los migrantes, pero también reconocer que el Estado tiene la soberanía para determinar quiénes ingresan y quiénes no, y cuáles son los requisitos para ello», agrega.
Los expertos coinciden en que América Latina sufre una profunda crisis de desplazamiento provocada por la precaria situación económica, política y social que se vive en varios países.
En ese contexto, muchos optan por emigrar, incluso a pie, buscando un mejor futuro, sin importarles si tienen o no permiso de entrada en las naciones a las que se dirigen.
Y Chile, pese a las fallas estructurales que dejó en evidencia el estallido social que se inició en octubre de 2019, sigue siendo uno de los destinos más atractivos.
Así, en los últimos años ha habido un fuerte aumento de las personas que entran a este país por pasos no habilitados.
Solo entre enero de 2018 y enero de 2021, ha habido más de 35.400 de estos ingresos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde 2010, según datos de SJM con información de la Policía de Investigaciones (PDI).
Un ejemplo de sus consecuencias es lo que sucedió en Colchane en febrero de este año, cuando los servicios del pequeño pueblo altiplánico colapsaron luego de la llegada de miles de migrantes que ingresaron a Chile de forma clandestina, a pesar de las bajas temperaturas y el clima inhóspito de la zona.
